La senadora Esmeralda Hernández exige retirar la placa de homenaje a Álvaro Uribe en el Congreso, calificándola de ilegal y ofensiva para las víctimas de sus políticas.
En un comunicado contundente, la senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, lanzó una ofensiva jurídica para remover del Congreso de la República la polémica placa de homenaje al expresidente Álvaro Uribe Vélez, instalada en 2019.
A través de una acción de nulidad, Hernández argumenta que este reconocimiento, promovido por el entonces presidente del Senado, Ernesto Macías, carece de legalidad y constituye una afrenta para las víctimas de las políticas del exmandatario.
«Este señor no es el ‘gran colombiano’. Fue el primer expresidente imputado y está a punto de enfrentar un juicio. Esta placa es una ofensa que debe ser retirada de inmediato», manifestó Hernández, quien considera que la instalación de la placa fue un acto que ignoró la normativa. Según la senadora, el reconocimiento no sólo incumplió los requisitos de ley, sino que también vulnera el Decreto 2759 de 1997, que prohíbe este tipo de homenajes a funcionarios activos, como lo era Uribe en el momento de la instalación al desempeñarse como senador.
Hernández cuestionó el valor del homenaje e insistió en que el Congreso debería reconocer a los verdaderos «héroes del país»: las madres cabeza de hogar, los campesinos y los líderes ambientales, y no a figuras políticas que, según ella, representan «mucho de lo que la sociedad rechaza».
La instalación de esta placa, de mármol y grabada con las palabras “colombiano ejemplar”, generó un amplio rechazo. Durante su último día al frente del Senado, Macías inauguró el homenaje a Uribe, y poco después un grupo de ciudadanos pidió al Consejo de Estado su retiro, apoyándose en la prohibición de instalar en espacios públicos elementos que ensalcen a presidentes o funcionarios en ejercicio. Aunque la solicitud fue inicialmente rechazada, la nueva acción de nulidad podría revivir el debate en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
La senadora concluyó su declaración señalando que «no puede catalogarse a Uribe como un ejemplo de país». A través de este recurso, Hernández busca que el Congreso dé un paso hacia la justicia simbólica, eliminando del recinto parlamentario la figura de quien, según ella, no representa los valores de una Colombia en busca de paz y equidad.