Hay elecciones que se definen por programas de gobierno. Otras por carisma. Algunas por miedo. Y unas pocas, muy pocas, terminan convirtiéndose en una disputa sobre el tipo de sociedad que una nación quiere construir para las próximas generaciones.
Colombia vive uno de esos momentos.
Mientras millones de ciudadanos observan con incertidumbre el rumbo que tomará el país después del 21 de junio, dos modelos profundamente distintos se enfrentan en la plaza pública. No se trata únicamente de dos candidatos. Se trata de dos formas opuestas de entender el poder, el Estado y la democracia.
Por un lado aparece Iván Cepeda, un dirigente que durante décadas ha construido su carrera en el escenario de los derechos humanos, la defensa de las víctimas y el trabajo legislativo. Incluso sus contradictores reconocen que no es un improvisado. Su vida pública ha estado ligada al debate político, al control institucional y a la búsqueda de salidas democráticas para los conflictos nacionales.
Sus seguidores destacan en él una virtud cada vez más escasa en la política contemporánea: la capacidad de escuchar.
En una época dominada por los insultos, los discursos incendiarios y la confrontación permanente, Cepeda ha construido una imagen asociada al diálogo, al respeto por las diferencias y a la defensa de las instituciones democráticas. Su apuesta gira alrededor de la profundización de derechos, el fortalecimiento de la educación pública, la protección ambiental y la consolidación de políticas sociales que permitan reducir las enormes brechas de desigualdad que aún persisten en Colombia.
Del otro lado emerge Abelardo de la Espriella, un candidato que ha logrado conectar con sectores inconformes a través de un discurso de ruptura, autoridad y mano dura.
Sin embargo, detrás de esa narrativa aparecen interrogantes que merecen ser analizados con seriedad.
Una de las propuestas que más preocupación genera entre economistas, sindicatos y empleados públicos es la reducción drástica del tamaño del Estado. Sus planteamientos sobre recortes significativos en la estructura estatal han sido interpretados por diversos sectores como una amenaza para cientos de miles de empleos directos e indirectos que dependen del sector público.
La experiencia internacional demuestra que los procesos acelerados de reducción del gasto estatal suelen producir efectos complejos sobre el empleo, el consumo y la estabilidad económica. Argentina atraviesa actualmente una profunda discusión alrededor de las políticas de ajuste implementadas por el presidente Javier Milei, figura política por la cual De la Espriella ha expresado admiración en varias oportunidades.
La pregunta que surge entonces es inevitable: ¿puede Colombia soportar un ajuste de grandes proporciones sin afectar el empleo, la prestación de servicios públicos y la estabilidad social?
Otro aspecto que genera preocupación es el tono utilizado durante la campaña.
Las democracias necesitan debate. Necesitan oposición. Necesitan prensa libre. Necesitan ciudadanos capaces de disentir sin miedo.
Por eso resulta inquietante cuando el lenguaje político abandona la crítica para acercarse a la estigmatización.
Las palabras pronunciadas desde una candidatura presidencial tienen consecuencias. Moldean comportamientos, alimentan emociones y terminan influyendo en la manera como los ciudadanos perciben a quienes piensan diferente.
Cuando el adversario político es presentado como un enemigo y no como un contradictor legítimo, la convivencia democrática comienza a deteriorarse.
A ello se suman los debates sobre el fracking, una técnica de extracción de hidrocarburos cuestionada por amplios sectores científicos y ambientales debido a sus posibles impactos sobre fuentes hídricas y ecosistemas estratégicos. Mientras algunos la consideran una oportunidad económica, otros advierten que sus riesgos pueden comprometer recursos naturales fundamentales para futuras generaciones.
También genera controversia la idea de impulsar transformaciones profundas mediante mecanismos extraordinarios o decretos, una discusión que inevitablemente remite a una pregunta fundamental: ¿hasta dónde puede llegar un presidente sin afectar el equilibrio entre los poderes del Estado?
La democracia colombiana se construyó precisamente sobre la existencia de contrapesos. El Congreso, las cortes, los organismos de control y la prensa cumplen una función esencial: evitar que el poder se concentre en una sola persona.
Por eso la decisión que tomarán los colombianos trasciende las simpatías partidistas.
No se trata únicamente de escoger quién administrará el país durante cuatro años.
Se trata de decidir qué valores quieren fortalecer.
Si la confrontación o el diálogo.
Si la exclusión o la inclusión.
Si el enfrentamiento permanente o la construcción colectiva.
Porque los gobiernos pasan. Los candidatos cambian. Las campañas terminan.
Pero la democracia permanece.
Y su fortaleza dependerá siempre de la capacidad de los colombianos para defender el derecho de todos a pensar distinto, incluso cuando las diferencias sean profundas.
Esa, quizás, es la verdadera elección que enfrenta hoy Colombia.
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