La Fiscalía golpeó el corazón del escándalo de Centros Poblados y ordenó la extinción de dominio de bienes por más de $65.900 millones ligados a Emilio Tapia y a la exministra Karen Abudinen, señalados de enriquecerse con la plata destinada a llevar internet a escuelas rurales.
Colombia vuelve a enfrentarse a una postal indignante de corrupción que deja al descubierto cómo el dinero público terminó convertido en casas, locales y negocios privados, mientras las zonas rurales seguían esperando el internet prometido. La Fiscalía General de la Nación activó el proceso de extinción de dominio contra 23 bienes vinculados a Emilio Tapia y a la exministra de las TIC, Karen Abudinen, dos nombres que quedaron marcados como protagonistas del escándalo de Centros Poblados.
En medio de un operativo de alto impacto, la Fiscalía ordenó medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre activos avaluados en más de 65.900 millones de pesos, presuntamente adquiridos con recursos desviados del contrato de conectividad rural. Predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y participaciones societarias quedaron bajo la lupa del Estado, en departamentos como Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño, donde se habrían movido y ocultado los dineros del saqueo.
El expediente apunta directamente a Emilio José Tapia Aldana, contratista condenado y viejo conocido de los grandes escándalos del país, quien, pese a haber obtenido recientemente la libertad condicional, vuelve a quedar en el centro de la tormenta por un patrimonio que, según la Fiscalía, se habría construido con plata que debía llevar internet a 16 departamentos. Junto a él aparecen empresarios y familiares que, de acuerdo con la investigación, habrían servido como fachada para inflar y proteger bienes nacidos de la corrupción.
La exministra Karen Abudinen tampoco quedó al margen de la decisión judicial. En atención a los fallos de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República, la Fiscalía impuso una medida cautelar sobre un inmueble de su propiedad, en un intento por resarcir el daño causado al Estado. Su gestión quedó asociada a uno de los golpes más duros a la confianza pública, un contrato que prometía cerrar la brecha digital y terminó engordando bolsillos privados
El propio director de Extinción del Derecho de Dominio, José Iván Caro, explicó que “los elementos materiales probatorios indican que los bienes ubicados en Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño habrían sido adquiridos con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas descubiertas en el proceso de contratación y del anticipo recibido de manera irregular por la Unión Temporal Centros Poblados”. La Fiscalía también estableció que hubo mezcla de dineros lícitos e ilícitos, así como el uso de sociedades para camuflar el desfalco.
El Estado busca recuperar lo que la corrupción le arrebató a los colombianos. Detrás de cada bien embargado hay una escuela sin conexión, un estudiante sin acceso al conocimiento y un país que pagó el precio de la ambición de unos pocos que prefirieron enriquecerse antes que cumplirle a la Colombia rural.