El alcalde de Cali, Alejandro Eder, fue sancionado con arresto por desobedecer una orden judicial, en medio de graves denuncias por negligencia y ocultamiento de información en su administración.
En una decisión sin precedentes que sacude a la Alcaldía Distrital de Cali, un juez ordenó el arresto del alcalde, Alejandro Eder, junto con dos altos funcionarios de su administración, por desobedecer una sentencia judicial. La medida también cobija al secretario de Movilidad, Gustavo Orozco, y al director del Departamento de Desarrollo e Innovación Institucional, Fernando Grillo Rubiano.
La razón: los tres ignoraron un fallo de tutela que exigía respuestas a peticiones ciudadanas. La justicia los había requerido formalmente desde el pasado 7 de abril, pero, según el juzgado, hicieron caso omiso, no presentaron pruebas ni demostraron haber cumplido lo ordenado. El castigo no se hizo esperar: cinco días de arresto y una multa equivalente a dos salarios mínimos para cada uno.
La gravedad del asunto va más allá de lo legal. En palabras de la concejala Ana Erazo, lo que ocurre en la administración de Eder “es un acto sistemático de desprecio hacia los derechos ciudadanos”. Según denunció, en la Secretaría de Movilidad se acumulan más de 46.000 derechos de petición sin respuesta, una cifra escandalosa que evidencia el colapso institucional de una entidad clave en la vida cotidiana de los caleños.
Y no es solo Movilidad: en la Secretaría de Gobierno, denuncias similares apuntan a una práctica constante de ignorar solicitudes formales, incluso de concejales. “Esta alcaldía es antidemocrática, esconde información y desprecia el derecho de los ciudadanos a ser escuchados”, sentenció Erazo, en un pronunciamiento contundente que refleja el sentir de una ciudadanía cansada del silencio y la negligencia oficial.
Mientras en redes sociales la alcaldía presume avances y cifras maquilladas, la realidad en las calles es otra: opacidad, desinformación y una gestión desconectada del clamor ciudadano. Con esta decisión judicial, se prende una nueva alarma sobre la transparencia y el respeto a la ley en el gobierno de Eder.