La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha vuelto a sacudir el panorama político del Caribe colombiano. Esta vez, el nombre del senador Efraín Cepeda Sarabia, uno de los líderes más tradicionales del Partido Conservador, aparece mencionado en declaraciones entregadas por el exsenador Álvaro Ashton, quien comparece ante la justicia transicional por sus vínculos con grupos paramilitares.
Según el testimonio, Cepeda habría tenido acercamientos políticos indirectos con estructuras del Bloque Norte de las AUC, en especial con el Frente José Pablo Díaz, en un contexto de alianzas electorales y apoyo a proyectos regionales que, presuntamente, beneficiaron intereses paramilitares
Las revelaciones ante la JEP
En su versión voluntaria, Ashton relató cómo, durante los años de auge de las Autodefensas Unidas de Colombia en la región Caribe, se gestaron acuerdos entre dirigentes políticos, empresarios y miembros de las AUC para garantizar control territorial y respaldo electoral.
Entre los nombres mencionados, el de Efraín Cepeda sobresale como una figura clave en la consolidación de poder político en el Atlántico y en la Costa Norte, donde —según el exsenador— las decisiones presupuestales y los respaldos institucionales se alinearon con los intereses del paramilitarismo.
La JEP, tras recibir estas declaraciones, ordenó remitir copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Corte Suprema de Justicia para determinar si hay méritos para abrir investigaciones formales. Hasta el momento, Cepeda no ha sido llamado a versión libre ni ha sido vinculado judicialmente, pero el solo hecho de su mención ha generado un nuevo foco de atención sobre las redes de poder heredadas de la llamada parapolítica.
La respuesta de Cepeda: “Mi actividad política es limpia”
El senador negó rotundamente cualquier relación con organizaciones armadas ilegales. En declaraciones a medios nacionales, sostuvo que su trayectoria pública ha estado siempre regida por la transparencia y el servicio al país.
Anunció además que demandará por injuria y calumnia al exsenador Ashton, a quien acusa de intentar “desprestigiarlo para obtener beneficios judiciales”.
Cepeda argumentó que su carrera política —de más de tres décadas— ha estado marcada por una gestión legislativa y social enfocada en proyectos públicos legítimos, sin vínculo alguno con actores armados. “Jamás he tenido contacto con grupos ilegales. No permitiré que se mancille mi nombre con versiones sin pruebas”, afirmó.
La estrategia política: apuntar al presidente Petro
Pese a que el origen de los señalamientos proviene de la JEP, el congresista ha sugerido que detrás de la difusión mediática de la noticia hay una intencionalidad política cercana al Gobierno de Gustavo Petro.
Según Cepeda, “ciertos sectores aliados al petrismo buscan enlodar a quienes hacemos oposición con historias del pasado”, en un intento por desviar la atención de los problemas actuales del país.
Esta línea discursiva, replicada por algunos miembros del Partido Conservador, busca reencuadrar el debate: de un tema judicial histórico, hacia una confrontación política contemporánea. Sin embargo, analistas consideran que tal narrativa pretende restar credibilidad a la JEP y trasladar la discusión del terreno de la verdad judicial al de la disputa mediática.
Entre la verdad histórica y la lucha política
El caso Cepeda-Ashton se inserta en un contexto más amplio: el de los esfuerzos por reconstruir la verdad sobre la parapolítica, un fenómeno que en los años 2000 vinculó a decenas de congresistas, gobernadores y alcaldes con las AUC.
Aunque buena parte de esos procesos concluyó con condenas o absoluciones, las nuevas versiones entregadas a la JEP buscan complementar los vacíos históricos y revelar cómo operaron las redes políticas y financieras que respaldaron a las estructuras armadas ilegales.
Sin embargo, el camino no será fácil. Expertos en justicia transicional advierten que muchas de las pruebas documentales de esa época se han perdido o alterado, y que los testimonios deben ser verificados con extremo rigor para evitar que se conviertan en instrumentos de revancha o manipulación política.
La investigación pendiente
De confirmarse los aportes de Ashton, la justicia deberá esclarecer:
- Si existieron acuerdos presupuestales o políticos entre el equipo de Cepeda y representantes de las AUC.
- Qué tipo de proyectos o contratos públicos se ejecutaron en municipios bajo control paramilitar.
- Si hubo flujos financieros, donaciones o favores electorales que pudieran configurar vínculos indirectos.
- Y si, más allá de las versiones, existen documentos, registros o testigos que respalden los señalamientos.
Hasta tanto no se comprueben los hechos, Cepeda conserva su presunción de inocencia. No obstante, el eco mediático de su nombre en la JEP lo coloca en el centro de un nuevo debate sobre la memoria, la responsabilidad política y la ética en el poder público.
Un capítulo abierto
El caso de Efraín Cepeda reabre una herida que Colombia creía cerrada: la relación entre política y paramilitarismo.
Lo hace, además, en un momento de fuerte polarización nacional, donde las instituciones de justicia transicional son blanco de desconfianza y las élites tradicionales buscan reafirmar su legitimidad.
Mientras la JEP continúa recibiendo testimonios y evaluando evidencias, el país observa cómo el pasado vuelve a cruzarse con el presente.
La verdad, como siempre, sigue siendo la principal víctima y el mayor desafío.
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