En un hecho sin precedentes en la historia judicial de Colombia, la Fiscalía General de la Nación solicitó este martes una sentencia condenatoria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el marco del juicio que se le adelanta por los delitos de soborno en actuación penal, soborno a testigos y fraude procesal.
La fiscal delegada Marlene Orjuela presentó los alegatos finales ante la jueza 44 penal del circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, tras más de un año de audiencias públicas, 77 testigos y decenas de pruebas documentales y audiovisuales.
“No estamos ante una actuación pasiva. El señor Álvaro Uribe ideó y promovió una estrategia para manipular el curso de un proceso judicial mediante la intervención de terceros”, aseguró la fiscal en su intervención.
Testigos, videos y llamadas: las pruebas clave
El proceso gira en torno a los testimonios de exparamilitares, en particular Juan Guillermo Monsalve, quien afirmó haber sido presionado y coaccionado para retractarse de sus declaraciones sobre los presuntos vínculos del expresidente con grupos armados ilegales.
La Fiscalía sostiene que Diego Cadena, exabogado de Uribe, fue el enlace directo con estos testigos, ofreciendo beneficios legales y mejoras en sus condiciones carcelarias a cambio de modificar su versión. Esta labor, según el ente acusador, habría sido ordenada y conocida directamente por el exmandatario.
La acusación se sustenta en interceptaciones telefónicas, cartas manuscritas, videos y declaraciones judiciales que, a juicio del ente acusador, configuran un patrón de manipulación y fraude procesal.
Un juicio histórico
El juicio representa un hito judicial en Colombia, siendo la primera vez que un expresidente enfrenta un proceso penal de esta naturaleza. Durante el debate probatorio, la defensa renunció a presentar 20 testigos, y algunos se abstuvieron de declarar, mientras que la Fiscalía mantuvo firme su teoría del caso.
Cabe recordar que el caso se remonta a 2012, pero fue en 2020 cuando la Corte Suprema compulsó copias que dieron origen al actual juicio en la justicia ordinaria, luego de que Uribe renunciara a su curul como senador.
¿Qué viene ahora?
Tras esta solicitud de condena, la jueza Heredia deberá evaluar si las pruebas presentadas permiten establecer responsabilidad penal más allá de toda duda razonable. Se espera que el fallo se conozca antes de octubre de 2025, cuando los delitos estarían próximos a prescribir.
En caso de una sentencia condenatoria, se abriría una segunda instancia, y el impacto político y jurídico sería profundo, no solo por tratarse de una figura central en la historia reciente del país, sino por lo que implicaría para la credibilidad institucional y el sistema judicial.