Barranquilla estremecida: el poder político regional tembló este fin de semana tras un contundente golpe contra una red de corrupción que operaba desde las entrañas del Estado. En una operación sin precedentes liderada por la Fiscalía General de la Nación y la Policía, fueron capturados 17 implicados en un escandaloso entramado de volteo de tierras en el Atlántico. Lo más indignante: la mayoría de ellos eran funcionarios públicos activos o con conexiones directas con la clase política regional.
El presidente Gustavo Petro, quien dio a conocer la operación a través de su cuenta de X, no se guardó nada: “Buena parte de la criminalidad tiene soporte en el mismo Estado”, afirmó, señalando la gravedad estructural del caso. Su mensaje fue claro: la lucha contra las mafias enquistadas en las instituciones apenas comienza.
Entre los detenidos hay registradores de instrumentos públicos, inspectores de policía, notarios, abogados y hasta funcionarios de la Alcaldía de Soledad. Todos estarían involucrados en maniobras ilegales para apropiarse de terrenos destinados a proyectos sociales como vivienda, educación y deporte, y luego revenderlos de forma fraudulenta. Las víctimas: familias vulnerables a las que les arrebataron no solo su tierra, sino también su dignidad.
Según las autoridades, la red operaba con frialdad y descaro. Se valían de su poder institucional para constreñir comunidades, alterar documentos, y manipular procesos notariales y de registro. El objetivo: lucrarse vendiendo ilegalmente predios urbanizados sin control, muchas veces con testigos falsos y documentos fabricados.
Los delitos imputados van desde peculado por apropiación, hasta estafa agravada, pasando por prevaricato, cohecho, urbanización ilegal y asociación para delinquir. La lista de nombres sacude los cimientos del poder local: inspectores, notarios, exregistradores, abogados y supuestos tramitadores que hoy enfrentan la justicia.
La investigación, que arrancó en 2023, reveló el lado más oscuro de cómo el aparato estatal puede ser usado como herramienta del crimen. Y no termina aquí: la Fiscalía anunció que ya están listas 16 imputaciones adicionales, con lo cual el número de implicados subiría a 33.