La advertencia fue hecha por la ministra del Trabajo, Natalia López, durante un debate sobre el presupuesto de 2027 en la Comisión Séptima del Senado. La cifra revela el tamaño de la contratación por prestación de servicios en el Estado y abre un nuevo debate sobre empleo, gasto público y dependencia de las OPS.
Una cifra que puede tener consecuencias laborales y económicas para cientos de miles de familias en Colombia quedó sobre la mesa en el Congreso.
La ministra del Trabajo, Natalia López, aseguró que actualmente existirían más de 700.000 contratos de prestación de servicios —OPS— vinculados al Estado, y advirtió que una parte importante de estos contratos podría llegar a su término el próximo 31 de diciembre.
La declaración fue realizada durante una sesión de la Comisión Séptima del Senado, en medio de la discusión del presupuesto para 2027 y de las dificultades fiscales que enfrenta el Estado.
“Por Dios, es imposible”
López cuestionó el volumen de contratación y señaló que el Ministerio del Trabajo tiene alrededor de 1.000 contratistas, mientras cerca del 98 % de su presupuesto estaría comprometido en contratos de prestación de servicios.
La ministra puso como ejemplo el Fondo de Riesgos Laborales, donde, según sus declaraciones, las OPS habrían pasado de 24 a 272. También manifestó preocupación porque, según dijo, existen contratistas que reciben pagos del Estado aunque ni siquiera se encontrarían en el país.
Pero detrás de la discusión fiscal hay una realidad humana: 700.000 personas podrían estar mirando hacia el cierre de 2026 con incertidumbre sobre su continuidad laboral.
Y aquí aparece una precisión importante: tener un contrato vigente no significa que exista garantía de renovación para 2027. Las OPS son contratos temporales y no equivalen a empleos de carrera administrativa o cargos de planta.
Una cifra que también requiere contexto
La Contraloría General había reportado que, durante enero de 2026, existían 501.423 contratos de prestación de servicios entre entidades nacionales y territoriales, por un valor de $22,34 billones. Ese dato corresponde a un corte diferente y a contratos suscritos en ese periodo, por lo que no es directamente equivalente a los 700.000 OPS mencionados ahora por la ministra.
La propia naturaleza cambiante de estas contrataciones hace que el número pueda variar mes a mes.
Lo que sí queda claro es que las OPS representan una parte enorme de la contratación estatal y que su utilización genera desde hace años una discusión de fondo: ¿hasta dónde puede un Estado depender de contratistas para cumplir funciones que deberían ser permanentes?
El dilema
Reducir contratos puede significar ahorro para las entidades públicas y una disminución del gasto; pero también puede traducirse en desempleo e incertidumbre para miles de trabajadores, especialmente cuando muchas familias dependen de estos ingresos.
La discusión, por tanto, no debería reducirse simplemente a “más contratistas” o “menos contratistas”.
También hay que preguntar:
¿Cuántos son realmente necesarios? ¿Cuántos realizan funciones permanentes? ¿Cuántos contratos responden a necesidades temporales o especializadas? ¿Y cuánto dinero público se está destinando realmente a esta modalidad de vinculación?
La advertencia de la ministra deja sobre la mesa una fecha: 31 de diciembre de 2026.
Ese día podrían terminar cientos de miles de contratos. Lo que todavía no está definido es cuántos serán renovados, cuántos desaparecerán y qué impacto tendrá esa decisión sobre el empleo y las finanzas públicas durante 2027.
Porque detrás de cada OPS hay un contrato, pero también hay una persona, una familia y, en muchos casos, un ingreso del que depende su sustento.
